La política de comunicaciones en los tiempos K puede resumirse en un viejo chiste: la del delfín. Hace boludeces y nada.
El primer Secretario de Comunicaciones K fue el inefable Guillermo Moreno. Si, ese que se come a los chicos crudos, el que se hizo llamar “Poronga”, el que atendía empresarios con la 45 en el escritorio o pedía que en las reuniones lo sentaran frente a las ventanas “para que el tiro pegue acá” y se tocaba el pecho, el que patotea a cuanto accionista de Papel Prensa se le cruza o a cualquier mujer que le hace una pregunta “complicada” en una reunión pero que para salir a la calle necesita a “Acero” Cali, ese, si, ese … el que jamás le tocó un solo negocio a ninguna de las monopólicas, ni a Telecom, ni a Telefónica, ni a Telmex (Claro), ni a Movistar, ni a Nextel, ni a Personal ni a …
El siguiente fue el mudo Lisandro Salas. Si no se imaginan por que motivo le decían el mudo, tengan en cuenta que fue a las Expocom, a las presentaciones del barómetro Cisco y a cuanta exposición tecnológica se hizo y nunca se le pudo sacar una declaración.
Y ahora lo tenemos a Berner. Norberto Berner. De La Cámpora. Y ex titular de la Inspección General de Justicia. Especialista en derecho penal. No es tampoco para preocuparse mucho, si ya no es novedad que pongan a un bioquímico a controlar aviones o, como hizo alguna vez Perón pero por otros motivos, nombrar a un escritor como inspector de mercados de aves de corral.
¿Ah, no les dije que el mudo Salas era Arquitecto y Moreno tiene una licenciatura en economía, no?
Como ya pueden ir vislumbrando, con el entendimiento del tema por parte de los secretarios, el mercado de las comunicaciones en nuestro país podría enmarcarse dentro del título de la “Dékada Liberada”. La década donde el mercado creció en apenas 3 o 4 manos e implementando, siempre que pudieron, las políticas mas beneficiosas para las empresas.
Pero resulta que ahora, después de estar 10 años en el gobierno, empezaron a tener problemas. Las empresas, si, esas corpos que son tan buenas cuando están con vos pero tan malas cuando se corren un cachito, se empezaron a asustar de lo que se venía y se dedicaron a lo que mejor saben. Levantarla en carretilla cuando se avecinan malos tiempos y no gastarla.
Encima, algunos chiflados habían empezado a dar señales negativas. Que ArSat iba a entrar a competir en la telefonía celular, que no se licitaba espectro para reservarlo para el Estado, la ley de medios, en fin, que el riesgo de que alguien pretendiera modificar el status quo los empezó a aterrar.
El mas sincero fue De Vido. Como lo comentara en el post anterior, dijo “Fuimos por el volumen. Ahora vamos por la calidad y el usuario.”
Algo que es muy raro proviniendo de este gobierno, donde el usuario es tan solo un número que no sirve para otra cosa mas que para usarlo cuando se tiene que hablar de “crecimiento”, por ejemplo.
“Nuestro país tiene 60 millones de usuarios de telefonía celular” es una frase que no sería rara de escuchar de parte de algún funcionario, porque esa es la única forma en que el usuario “cuenta”.
Así como contamos que la portabilidad numérica fue resistida todo lo mas que el Estado nacional pudo, favoreciendo a las empresas monopólicas, hasta que la justicia les intimó la implementación, también tuvimos al principio de esta década gubernamental uno de los intentos mas escandalosos de control de las comunicaciones de los ciudadanos argentinos.
Corría el año 2004 y “EL” dictó el decreto 1563, por el cual, y en resumen, apelando al objetivo de “combatir el delito”, se pretendió interceptar toda comunicación realizada en el país, cargando el costo de esta tarea (y el equipamiento necesario) a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Ah, y además, deberían guardar toda esta información durante 10 años.
Como era de esperar, la mayor oposición a este decreto provino de los pequeños y medianos prestadores, dado que los elementos de hardware y anchos de bandas con los que debían contar, a diferencia de las grandes empresas, les representaban la quiebra lisa y llana, mientras que los grandes no verían afectado demasiado sus finanzas, ya que los equipos y “caños” ya estaban listos para esta tarea.
Esta oposición tuvo efecto y “EL” decidió derogar el decreto, pero por otro lado, continuó apelando en distintas instancias la declaración de inconstitucionalidad, llegando finalmente hasta la Corte Suprema y obteniendo una sentencia contraria a sus aspiraciones de espionaje masivo, ya que la CSJ entendió que estas comunicaciones “integran la esfera de la intimidad personal y se encuentran alcanzadas por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”.
Tampoco se pusieron del lado del pueblo cuando, allá por 2004, se produjo un episodio en el que los 4 grandes (4G) de esa época (Telefónica, Telecom, Impsat y Prima, (esta última del grupo Clarín con quienes se llevaban bárbaro, vea Ud. ) se retiran del NAP de CABASE, una especie de “red interna nacional” que permitía entrelazar los distintos proveedores de internet y que los datos de los usuarios no tuvieran que viajar por un largo camino hasta Miami y volver, a un costo bastante elevado en esos años, sino que se enviaba por caminos muchísimos mas cortos y mas baratos.
Claro, el problema era que las Telcos no querían saber nada de eso que se llamaba VoIP y que, con conexiones mas rápidas, cortas y a las que no podían “enlentecer”, les representaba una competencia muy fuerte a sus servicios de telefonía analógica.
¿Quien se beneficiaba con el NAP? Principalmente los usuarios del interior del país.
¿Quienes terminaron ganando la pulseada? Los 4G, que se retiraron del NAP y dejaron a los usuarios con la sensación de que ni el Chapulín Colorado iba a estar para defenderlos.
Y ahora, con la resolución No. 5 de la Secretaría de Comunicaciones se inicia una nueva etapa que tiene mucho olor a haber sido vista.
En vez de apelar al viejo discurso de “combatir al delito”, se anuncia, como dijo De Vido, a “la calidad y el usuario”. Se determinan, por medio de esta resolución, parámetros que son un standard en el mundo entero para el análisis y la medición de la calidad de servicio, tanto en los aspectos técnicos como administrativos y de reclamos. Obviamente, lo que no se mide no se puede verificar. Lo que da lástima es que se tardaron 10 años para empezar a medir.
Sin embargo, sigue latente el riesgo de la pérdida de la privacidad. La propia resolución cita dos veces el cumplimiento de las “intercepciones legales” establecidas por la ley de inteligencia nacional, la 25.520.
En un momento en que cualquier voz que se levanta contra los atropellos gubernamentales recibe “por casualidad” visitas de la AFIP, cuando un militar partícipe de los grupos de inteligencia durante la dictadura militar es llevado al cargo de jefe del ejército y desde ahi proclama que quiere una fuerza “que sea parte del proyecto nacioal y popular”, es muy poca la duda que puede quedar respecto de las altas posibilidades de que nuestras comunicaciones terminen siendo interceptadas sin la debida orden judicial y utilizadas para espiar opositores.
Si van por todo, que les puede importar que sea delito leer nuestros mails o escuchar nuestras llamadas.
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