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La Municipalidad de General Pueyrredon deberá pagar multas diarias de 5.000 pesos por haber prolongado en forma “injustificada” la instalación de la planta de reciclado en el predio de disposición final de residuos.
Así lo resolvió el juez en lo Civil y Comercial, Enrique Arbizu, quien determinó que las mencionadas “astreintes” sean retroactivas al 1 de junio de este año y deberán pagarse “hasta tanto se venza la renuencia del demandado” a cumplir con las disposiciones judiciales.
El magistrado decidió que los fondos estén a disposición de los amparistas, “con el concurso y consenso del cuerpo de contralor, Rotary Aeropuerto local, Cooperativa NTArgentina y cooperativa CURA” que deberán utilizarlos “tanto para el reacomodamietno del predio actual como para el inicio de las obras de la planta Eco-Des”.
Estas medidas fueron volcadas en una resolución del juez Arbizu con fecha del 6 de julio del corriente año, a cuya copia tuvo acceso LA CAPITAL.
Según fuentes consultadas por este medio, la Municipalidad de General Pueyrredon aun no habría sido notificada de la resolución, dictada el último día hábil antes del inicio de la feria judicial.
Sin embargo, como se trata de una medida retroactiva al 1 de junio la comuna debería pagar todas las multas aún cuando sea notificada después del inicio de la actividad judicial habitual.
La resolución se encuadra en la causa iniciada ante el juzgado de Arbizu por los amparistas Margarita Pérez y Juan Carlos García, quienes consiguieron que el juez le prohibiera a la Municipalidad utilizar un predio transitorio para la disposición final de residuos en inmediaciones del actual.
Críticas al municipio
Arbizu consideró que el municipio tomó una “decisión unilateral e inconsulta” al decidir mejorar “las condiciones edilicias de la planta” de reciclado, a los fines de implementar “una planta modelo”.
Al respecto aclaró, incluso, que “en realidad se tratará de un edificio modelo ya que las maquinarias originariamente diseñadas por NTArgentina, que constituyen realmente la planta de residuos, en nada varían”.
El juez también acusó a la comuna de no haber realizado “absolutamente ningún movimiento” en el predio de inertes, con lo que habría incumplido “su obligación de aportar obras por 150.000 pesos” con los que “podrían haberse al menos iniciado los trabajos”.
Asimismo, tras relatar las últimas actuaciones realizadas en el marco de la causa, sostiene que “han transcurrido veinte días en completo silencio e inactividad” lo que a su criterio se traduce en “directo perjuicio de los fines de las medidas cautelares decretadas”.
Por estas razones resolvió “hacer efectivo el apercibimiento decretado oportunamente” y “decretar el inicio de las astreintes, consistentes en 5.000 pesos diarios, a partir del 1 de junio de 2005 y hasta tanto se venza la renuencia del demandado”.
Ultimos procedimientos
Arbizu explica que el 6 de julio realizó un “reconocimiento judicial” en el predio de disposición final de residuos y que en dicha oportunidad constató que “hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún trabajo conducente a la instalación de la planta de reciclado del proyecto Eco-Des”.
Recuerda que el 30 de mayo de este año intimó al municipio a que entre el 1 y el 20 de junio procediera a iniciar y finalizar las obras a su cargo en el predio de inertes a los fines de construir la mencionada planta.
Vencida dicha fecha, se solicitó que demostrara documentadamente haber realizado “obras de importancia tendientes a cumplir” con lo dispuesto y se advirtió que, en caso de incumplimiento, se tendrían “por iniciadas” las astreintes (multas diarias) de 5.000 pesos diarios a partir del 1 de junio de 2005 “hasta que venza la renuencia de la requerida”.
El juez también recuerda que mantuvo una reunión con el intendente Daniel Katz y con el secretario Legal y Técnico, Oscar Pagni, quienes informaron que la construcción de la planta demandaría 750.000 pesos en vez de 150.000, como se había previsto originalmente.
Sin embargo, afirmó que el proyecto que presentaron los funcionarios no tenía número de expediente, ni presupuesto oficial ni fecha de apertura de sobres. También cuestionó que un escrito “donde se hacía saber que el mejoramiento de las condiciones edilicia del galpón implicaría una demora, sin denunciar fecha alguna”.
Más adelante Arbizu explica que el 17 de junio ordenó “sustanciar lo planteado con los demás integrantes del proyecto” en un plazo abreviado de dos días pero que “transcurridos diecinueve días corridos” desde la fecha mencionada “solo compareció espontáneamente la cooperativa CURA” lo que interpretó como una evidencia de “un total desinterés” por parte del municipio en el tema.
El magistrado explicó que los integrantes de CURA se mostraron “de acuerdo con el mejoramiento edilicio” propuesto por la Municipalidad pero no “con las demoras injustificadas que se suceden, prolongando una vez más el estado de indefinición en el problema de los residuos, el cual, como ellos afirman, ya tiene cura”.
Arbizu consideró “atendibles” las razones expuestas por los integrantes de CURA, “no siendo necesario extender más allá los plazos de incertidumbre”.
Otras reflexiones
Según Arbizu, la Municipalidad “no ha tomado conciencia respecto a que las medidas precautorias alternativas decretadas y consentidas deben efectivizarse al unísono, a los efectos de permitir la transferencia de situaciones, ya que, de lo contrario, el resultado final no será útil ni exitoso”.
“Si se limita el trabajo en el predio de disposición actual a la cobertura con tierra de los residuos -continúa-, además de no minimizar(se) los riesgos, se obstaculizan las demás tareas de mitigación y se reduce a su mínima expresión la materia prima de trabajo de los recicladores, los cuales, en breve lapso, se quedarán sin trabajo si simultáneamente no se levanta la planta de tratamiento”.
Asimismo advierte que “aún para un lego en la materia” es “evidente que tan necesario es cubrir la basura como reacomodarla, abrir los caminos internos, destapar las zanjas laterales para corrimiento de lixiviados y reinstalar la planta para su tratamiento, ventear cada vez más gases a mayor profundidad y fundamentalmente acelerar la construcción de la planta de tratamiento Eco-Des. De lo contrario -concluye-, todos los esfuerzos serán en vano”.
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