Ya en la época de la 125 escribí dos post, uno, llamado “post campestre“, donde apoyaba ideológicamente lo básico de esa resolución, que eran las retenciones móviles, y otro, que llamé “Receta para armar un gran quilombo“, donde me quejaba de la impericia gubernamental para manejar las consecuencias sociales y de enfrentamientos de una medida que me parecía correcta.
4 años después se puede apreciar una circunstancia parecida que, si bien no ha durado tanto tiempo (todavía), ha sido generada en forma similar.
Una medida, el decreto 1307/2012, con el objetivo de adecuar las escalas salariales de prefectura y gendarmería a una resolución de la CSJ, ha sido realizada de forma tan desprolija que ha ocasionado una ruptura en la cadena de mandos y, de paso, una sindicalización de hecho que bien podría haberse realizado previamente y con las precauciones del caso (por ejemplo, con la denegación del derecho a huelga por ser fuerzas de seguridad)
Sin embargo, hay diferencias importantes entre aquella época y esta.
Previamente a la 125 no habían ocurrido manifestaciones públicas en oposición al comportamiento gubernamental. Ahora, tenemos el antecedente del cacerolazo del 13 de septiembre y la convocatoria al próximo, para el 8 de noviembre.
Es asi que, con un gobierno que desde el “vamos por todo” ha dejado en claro que tiene muy poca vocación republicana, que empieza a ver (aunque no a reconocer) las grietas de la política económica, que detesta el diálogo y el consenso y que ante cualquier crítica agita fantasmas de destituciones y genera oleadas de insultos y descalificaciones, lo que muestra es como día tras día el llamado “Síndrome de Hubris” (*) les está provocando problemas autogenerados.
Y no ha sido solo el tema de gendarmería y prefectura. También se ha presentado la situación de pretender remover al Auditor General de La Nación, Leandro Despouy, a pesar de que su cargo goza de rango constitucional y su posible remoción está contemplada en el art. 124 de la ley 24156 que dice:
“Art. 124. — Los auditores generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su designación.”
Y han intentado nombrar en forma irregular a una jueza, “recusando”, sin que exista dicho mecanismo, a un miembro del Consejo de la Magistratura para alterar la conformación de la mayoría con la intención de nombrar a una empleada del gobierno en el juzgado que tiene a cargo la resolución por el pedido de inconstitucionalidad de la ley de medios.
Y, por si esto fuera poco, tras todo esto no tuvieron mejor idea que comenzar a notificar a los “voceros” de las fuerzas de seguridad que están siendo pasados a disponibilidad.
¿Como?
¿Que el gobierno empieza a poner al borde del despido a personas armadas, que reclaman porque les bajaron los sueldos, que en los cargos mas bajos (gendarme y marinero) tienen un básico de $ 2.700, que fueron acusados de destituyentes al mismo tiempo que los mandan a reprimir protestas sociales y todo porque metieron la pata al recalcularles los sueldos?
Creo que si Garré y Berni se pegaran un tiro en el pié, sería una acción de mayor razonabilidad que la que están pretendiendo.
Esto es lo que genera el Síndrome de Hubris. Terminar con un comportamiento mas propio de una manada de elefantes paseando por los bazares.
(*) Recomiendo ver la presentación de José Cano, en su charla “Es la economía, estúpido“, para ver algo mas sobre Hubris y la estupidez emocional (negación, engaño y culpa)
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