Debe ser una suposición inventada por abogados: cuando no hay forma de que el culpable se haga cargo, la culpa se debe transferir al Estado, que es el único con suficiente plata para responder.
Hace casi tres años traía a cuento de esta regla al reclamo iniciado por la viuda de Alfredo Pochat, quien había solicitado una idemnización de 4.6 millones de pesos y que, tras haber ganado la primera instancia, la Cámara de Apelaciones le anuló la sentencia.
Ese post resalté las siguientes frases de la decisión de la Cámara:
“Si bien el Estado tiene el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos, no es razonable asignar a ese deber genérico un alcance de tal amplitud que lleva a la absurda consecuencia de convertir a éste en responsable de las consecuencias dañosas de cualquier delito extraño a su intervención directa y competencia”
“No es necesario ni justificado convertir el patrimonio público en asegurador universal de todos los daños que los ciudadanos sufran posiblemente en una sociedad compleja, ya que sería como pretender una especie de seguro público general”
En estos días se ha publicado la noticia de que Ingrid Betancourt, ex candidata a presidente de Colombia, secuestrada por las FARC va a iniciar un juicio al Estado colombiano por unos 7 millones de dólares (aunque la madre se pisa sola diciendo que no iniciaron ninguna demanda, sino que es una movida tendiente a que el Estado “negocie” una compensación)
Como se puede ver, la frase de “por interés baila el mono” sigue siendo actual y aplicable.
Por suerte, en el caso de Betancourt ella sigue viva. Pero en el caso de Pochat, se hace muy difícil tener que decir las cosas de esta manera. Y eso que ni siquiera me estoy refiriendo al fallecido, cuya actividad y actitud frente a la corrupción fue destacable, sino a su familia. Igual, parece que existe una cierta tendencia a que el dolor “lave” ciertas actitudes.
En un caso, el de Pochat, fue asesinado por un mafioso llamado Armando Andreo, esposo de la despedida (por Pochat) Silvia Albanesi de su puesto gerencial en la ANSES, que fue condenado a 17 años de prisión, aunque tras unos años en Batán fue beneficiado con prisión domiciliaria por edad y estado de salud.
En el otro, el secuestro lo ejecutó una banda armada, que resulta casi imposible de ubicar a las fuerzas armadas colombianas.
¿Que se le puede sacar a un jubilado y una despedida por irregularidades administrativas? ¿4 palos? Ni vendiendo hasta el último de sus calzoncillos y dejándolos en pelotas en la calle.
¿Como se le pueden sacar 7 palos a las FARC? Si viven en medio de la selva y para lo que hacen (sin entrar en detalles de si la lucha que llevan adelante es justificada o no) se gastan hasta el último mango en armas y no se vislumbra que ninguno de sus líderes busque hacerse millonario.
Como vemos, no solo en Argentina se considera al Estado como el último responsable de sus tragedias personales. Esperemos que no se siga desparramando este ejemplo, o de lo contrario, veremos una naciente casta de privilegiados y una cada vez mas grande ciudadanía viendo como la educación, la salud, la seguridad y la ayuda social desaparecen paulatinamente.
Cualquier semejanza con la edad media será pura coincidencia. ¿o no?
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